Para el rozismo, en cambio, el clima es muy distinto, marcado por la incertidumbre y una sensación de desbande inminente.
El gobernador dio dos golpes en la mandíbula de Angel Rozas. Algo casuales, pero golpes al fin. El primero, y de efectos más inmediatos, fue quitarle a Convergencia Social -la agrupación del ex gobernador- la conducción de la Legislatura tras doce años ininterrumpidos manejando esa caja, que tuvo una utilidad formidable a la hora de financiar la propia estructura de dirigentes, punteros y militantes. El otro, institucionalmente mucho más valioso, fue la decisión de promover la destitución de los tres jueces que llegaron al Superior Tribunal por voluntad del rozismo y sin cumplir con el requisito constitucional de rendir concursos de antecedentes y oposición.
La combinación de impactos es material y simbólicamente tan fuerte, que UCR adentro está empujando a debatir, como nunca antes, hasta qué punto conviene seguir manteniendo a Rozas como referente principal y diseñador exclusivo de estrategias y candidaturas, sobre todo cuando hay liderazgos emergentes como los de Carim Peche o Aída Ayala. En cualquier tribu, un cacique revalida su rol conductor con victorias. Y el abogado y ganadero de Pinedo lleva dos años sirviendo a los suyos platos de polvo, más allá del enternecedor festejo por la derrota de junio, menos dura que lo que pronosticaban las encuestas.
Para Capitanich, el resultado de sus jugadas le da aire justo a mitad de una gestión que mostró hasta ahora una imagen errática y que lo exhibió con serias dificultades para comunicar adecuadamente sus logros, así como con una notable facilidad para magnificar sus yerros.
Cosquín local
En la Legislatura, Juan José Bergia ya debe de estar sintiendo que en él se reencarnó Roberto Galán. A diario, desfilan por su despacho empleados jerárquicos de la Cámara y operadores del rozismo que no hacen más que cantar. A cambio de salvar sus propios botes en medio del naufragio cuentan todo, o casi todo. En ese inesperado Cosquín local, si algo se disputa, eso es el premio revelación.
Las canciones más interesantes han sido interpretadas por algunos directores, a quienes ya en tiempos de la presidencia de Carlos Urlich se les creó la atribución de efectuar contrataciones de personal, facultad que hasta allí tenían solamente los legisladores. Por esa vía, la Cámara venía pagando, ya con Alicia Mastandrea de presidente, unos 480.000 pesos por contratos de obra, independientes de los 850.000 -también mensuales- que se abonan por contrataciones de los 32 diputados provinciales.
Cuando algunos de esos directores fueron convocados para explicar quiénes son las personas que figuran como contratadas por sus áreas y qué tareas realizan, varios respondieron con dos palabras: “Ni idea”. Es decir, “alguien” les decía a quiénes debían firmarles las certificaciones, pero ni les veían la cara ni los hacían trabajar. Espíritus traviesos, invisibles, pero con remuneraciones de 6.000 u 8.000 pesos cada treinta días.
Los datos más finos no tardaron en aparecer, provistos por otras gargantas profundas que buscan, a cambio, su propia salvación. Lo que contaron sólo confirmó viejas sospechas: la inmensa mayoría de esos contratados sólo percibían una ínfima parte de los montos que tenían asignados. El resto era para “hacer caja”. O, para usar lenguaje de caudillo, para que siga viva “la mística” y para mantener el tren de vida de algunas estrellas que ya no se sienten en condiciones de dejar el lujo adquirido desde el poder. El uso de los estamentos administrativos para facturar contrataciones era tan alevoso, que había funcionarios de la Cámara que manejaban cupos hasta siete veces superiores a los de un diputado. Y así y todo, el rozismo quería, para 2010, un presupuesto legislativo 58 millones de pesos mayor al de 2009.
En la Legislatura, Juan José Bergia ya debe de estar sintiendo que en él se reencarnó Roberto Galán. A diario, desfilan por su despacho empleados jerárquicos de la Cámara y operadores del rozismo que no hacen más que cantar. A cambio de salvar sus propios botes en medio del naufragio cuentan todo, o casi todo. En ese inesperado Cosquín local, si algo se disputa, eso es el premio revelación.
Las canciones más interesantes han sido interpretadas por algunos directores, a quienes ya en tiempos de la presidencia de Carlos Urlich se les creó la atribución de efectuar contrataciones de personal, facultad que hasta allí tenían solamente los legisladores. Por esa vía, la Cámara venía pagando, ya con Alicia Mastandrea de presidente, unos 480.000 pesos por contratos de obra, independientes de los 850.000 -también mensuales- que se abonan por contrataciones de los 32 diputados provinciales.
Cuando algunos de esos directores fueron convocados para explicar quiénes son las personas que figuran como contratadas por sus áreas y qué tareas realizan, varios respondieron con dos palabras: “Ni idea”. Es decir, “alguien” les decía a quiénes debían firmarles las certificaciones, pero ni les veían la cara ni los hacían trabajar. Espíritus traviesos, invisibles, pero con remuneraciones de 6.000 u 8.000 pesos cada treinta días.
Los datos más finos no tardaron en aparecer, provistos por otras gargantas profundas que buscan, a cambio, su propia salvación. Lo que contaron sólo confirmó viejas sospechas: la inmensa mayoría de esos contratados sólo percibían una ínfima parte de los montos que tenían asignados. El resto era para “hacer caja”. O, para usar lenguaje de caudillo, para que siga viva “la mística” y para mantener el tren de vida de algunas estrellas que ya no se sienten en condiciones de dejar el lujo adquirido desde el poder. El uso de los estamentos administrativos para facturar contrataciones era tan alevoso, que había funcionarios de la Cámara que manejaban cupos hasta siete veces superiores a los de un diputado. Y así y todo, el rozismo quería, para 2010, un presupuesto legislativo 58 millones de pesos mayor al de 2009.
La tijera de Bergia
En total, la Cámara de Diputados, que tiene una planta de personal suficiente como para hacer funcionar tres Legislaturas más, venía gastando en contratos de obra 1.343.000 pesos mensuales, es decir más de 16 millones al año, equivalentes a más un millón de kilos de leche en polvo en una provincia en la que la desnutrición infantil hace estragos en el desarrollo cerebral de miles de pibes.
Bergia, que de momento parece decidido a hacer buena letra, ya cortó todos los contratos que estaban en la órbita de los directores y podó buena parte de los que tenían los diputados más bendecidos. Así, ya bajó el gasto en contrataciones a menos de la mitad, disminuyendo pagos por casi 650.000 pesos mensuales.
En todo ese proceso de revisión, es clave el trabajo de Daniel San Cristóbal dirigiendo la unidad auditora que creó el nuevo presidente. El ex diputado del Frente Grande tiene autoridad como para usar la lupa. Fue uno de los pocos legisladores que en su momento votaron contra la expropiación de 20 hectáreas del valle de inundación del río Negro a fin de montar en ellas el extraño proyecto del nuevo edificio parlamentario. Se opuso en una sesión en la que muchos aseguran que la incomprensible operación inmobiliaria se aprobó con la ayuda un furibundo valijazo, millonario y transversal.
La auditoría apenas comienza, y sus conclusiones más profundas probablemente comiencen a aparecer en el otoño. Mientras tanto, se descubren pequeñas cosas que aun siendo diminutas sirven como botones de muestra de cómo funciona un modo de entender la actividad política que no es exclusivo del rozismo, y que atraviesa horizontalmente toda la estructura de partidos en el Chaco y en la Argentina. Una conceptualización que considera que los funcionarios públicos no han sido elegidos por el pueblo para administrar el Estado, sino designados por Dios para poseerlo.
Por eso, algunas cosas, en ese mundo, se toman con una naturalidad asombrosa. Como el caso del esposo de una ex legisladora nacional, personal de planta de la Cámara, que no ocultó su fastidio cuando Bergia le dio a entender que no se le iban a poner obstáculos para su reinserción en la estructura legislativa, pero a condición de que trabaje.
Tampoco faltaron en la retirada gastos peculiares, como una compra de 10.000 litros de combustible a último momento, agotados casi en su totalidad en pocos días. Hay dos posibilidades: o cada día los cinco vehículos oficiales de la Cámara andaban más de mil kilómetros, o alguien se quedó con los vales de carga. Y ni que hablar de la auditoría de corte efectuada por la Contaduría General, que detectó el faltante de numerosos bienes, desde extractores de aire hasta celulares y notebooks.
Derechos
y transversales
Pero aun con todo eso, el anecdotario del dispendio y el peculado radical no llega a ser muy distinto del escrito por el peronismo en sus años de oro, cuando la reparación de los vehículos oficiales insumía en los presupuestos anuales más dinero que el que hubiera demandado adquirir unidades cero kilómetro. Es más, ni siquiera cabe caer en definiciones absolutas cuando se habla de etapas “radicales” y “peronistas”. La Legislatura fue, a través de los tiempos, una prueba cabal de que las diferencias ideológicas -si las hubiera- no tienen por qué impedir la saludable costumbre de hacer negocios en común.
Ni el abrumador incremento del presupuesto legislativo con las gestiones de Urlich y Mastandrea ni el consumado en los años de Alberto Torresagasti fueron de autoría exclusiva de esos presidentes. Siempre el clientelismo y el nepotismo se coparticiparon, incluso en el recordado “Operativo Madrugada” al que Julio Sotelo le puso la firma pero en el cual hubo beneficiarios de todos los colores. A lo sumo, cambian las barbaridades. Y si antes los fondos públicos sirvieron para pagar su sudor a todos los jugadores de Independiente Tirol, en la historia reciente se han volcado para arrimarles algunos pesos a directivos e integrantes del diario preferido del rozismo, o para inventar programas de fines supuestamente comunitarios que financiaban el ocio de algún ex poderoso censor devenido en triste redactor de cartitas difamantes.
Por eso, el desafío de Bergia no es solamente detectar irregularidades y derroches. Lo suyo merecerá aprobación si de verdad plantea y empuja una reforma que impida que la Legislatura continúe siendo una caja negra inexpugnable, cerrada a los ojos de la sociedad, en la que los “programas de transparencia” terminan siendo brutales burlas a la inteligencia del ciudadano común.
En total, la Cámara de Diputados, que tiene una planta de personal suficiente como para hacer funcionar tres Legislaturas más, venía gastando en contratos de obra 1.343.000 pesos mensuales, es decir más de 16 millones al año, equivalentes a más un millón de kilos de leche en polvo en una provincia en la que la desnutrición infantil hace estragos en el desarrollo cerebral de miles de pibes.
Bergia, que de momento parece decidido a hacer buena letra, ya cortó todos los contratos que estaban en la órbita de los directores y podó buena parte de los que tenían los diputados más bendecidos. Así, ya bajó el gasto en contrataciones a menos de la mitad, disminuyendo pagos por casi 650.000 pesos mensuales.
En todo ese proceso de revisión, es clave el trabajo de Daniel San Cristóbal dirigiendo la unidad auditora que creó el nuevo presidente. El ex diputado del Frente Grande tiene autoridad como para usar la lupa. Fue uno de los pocos legisladores que en su momento votaron contra la expropiación de 20 hectáreas del valle de inundación del río Negro a fin de montar en ellas el extraño proyecto del nuevo edificio parlamentario. Se opuso en una sesión en la que muchos aseguran que la incomprensible operación inmobiliaria se aprobó con la ayuda un furibundo valijazo, millonario y transversal.
La auditoría apenas comienza, y sus conclusiones más profundas probablemente comiencen a aparecer en el otoño. Mientras tanto, se descubren pequeñas cosas que aun siendo diminutas sirven como botones de muestra de cómo funciona un modo de entender la actividad política que no es exclusivo del rozismo, y que atraviesa horizontalmente toda la estructura de partidos en el Chaco y en la Argentina. Una conceptualización que considera que los funcionarios públicos no han sido elegidos por el pueblo para administrar el Estado, sino designados por Dios para poseerlo.
Por eso, algunas cosas, en ese mundo, se toman con una naturalidad asombrosa. Como el caso del esposo de una ex legisladora nacional, personal de planta de la Cámara, que no ocultó su fastidio cuando Bergia le dio a entender que no se le iban a poner obstáculos para su reinserción en la estructura legislativa, pero a condición de que trabaje.
Tampoco faltaron en la retirada gastos peculiares, como una compra de 10.000 litros de combustible a último momento, agotados casi en su totalidad en pocos días. Hay dos posibilidades: o cada día los cinco vehículos oficiales de la Cámara andaban más de mil kilómetros, o alguien se quedó con los vales de carga. Y ni que hablar de la auditoría de corte efectuada por la Contaduría General, que detectó el faltante de numerosos bienes, desde extractores de aire hasta celulares y notebooks.
Derechos
y transversales
Pero aun con todo eso, el anecdotario del dispendio y el peculado radical no llega a ser muy distinto del escrito por el peronismo en sus años de oro, cuando la reparación de los vehículos oficiales insumía en los presupuestos anuales más dinero que el que hubiera demandado adquirir unidades cero kilómetro. Es más, ni siquiera cabe caer en definiciones absolutas cuando se habla de etapas “radicales” y “peronistas”. La Legislatura fue, a través de los tiempos, una prueba cabal de que las diferencias ideológicas -si las hubiera- no tienen por qué impedir la saludable costumbre de hacer negocios en común.
Ni el abrumador incremento del presupuesto legislativo con las gestiones de Urlich y Mastandrea ni el consumado en los años de Alberto Torresagasti fueron de autoría exclusiva de esos presidentes. Siempre el clientelismo y el nepotismo se coparticiparon, incluso en el recordado “Operativo Madrugada” al que Julio Sotelo le puso la firma pero en el cual hubo beneficiarios de todos los colores. A lo sumo, cambian las barbaridades. Y si antes los fondos públicos sirvieron para pagar su sudor a todos los jugadores de Independiente Tirol, en la historia reciente se han volcado para arrimarles algunos pesos a directivos e integrantes del diario preferido del rozismo, o para inventar programas de fines supuestamente comunitarios que financiaban el ocio de algún ex poderoso censor devenido en triste redactor de cartitas difamantes.
Por eso, el desafío de Bergia no es solamente detectar irregularidades y derroches. Lo suyo merecerá aprobación si de verdad plantea y empuja una reforma que impida que la Legislatura continúe siendo una caja negra inexpugnable, cerrada a los ojos de la sociedad, en la que los “programas de transparencia” terminan siendo brutales burlas a la inteligencia del ciudadano común.
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